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Formalizan a ejecutivos de Cencosud por comercializar mercadería internada como “ayuda humanitaria” tras el terremoto E-mail
Escrito por Juan Pablo Echenique y Tania Araya (Ciper Chile)   
Viernes, 18 de Enero de 2013 15:06

El Juzgado de Garantía de Los Andes formalizó durante la tarde del jueves 17 de enero a dos gerentes y dos ex ejecutivos de Cencosud por contrabando y fraude al Fisco. Los presuntos delitos los habría cometido la compañía del empresario Horst Paulmann durante los días siguientes al terremoto del 27 de febrero de 2010, cuando internó al país de forma irregular 183 camiones con mercancía caratulada como “ayuda humanitaria”, la que supuestamente iría en beneficio de los afectados por el sismo. Al declararlos como donaciones, esos productos no pagaron impuestos a su ingreso al país, a pesar de que, finalmente, Cencosud los comercializó en el territorio nacional.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella contra quienes resulten responsables en noviembre de 2011. Ese mismo mes, la investigación quedó en manos del Ministerio público. Esta tarde, la justicia acogió la solicitud de ambas instituciones para formalizar al gerente general de Cencosud, Daniel Rodríguez, su gerente corporativo de planificación comercial, Pablo Vergara, y otros dos ex ejecutivos de la empresa. A ellos se suma el agente de aduanas Sandro Rossi. Todos ellos quedaron con firma bimensual durante los seis meses que dure la investigación.

CIPER vuelve a ofrecer a sus lectores el reportaje “Cencosud bloquea entrega de documentos de Aduanas por internación irregular de camiones tras terremoto”, publicado el 8 de abril de 2011, antes incluso de que el CDE se querellara. En esa oportunidad, CIPER solicitó al Servicio Nacional de Aduanas los documentos relacionados a la investigación, pero tanto Cencosud como esa repartición pública los negaron.

Fueron 183 los camiones que introdujo al país Cencosud -empresa que preside Horst Paulmann- entre el 3 y el 30 de marzo de 2010, transportando agua, pañales, arroz, harina y fideos. Ingresaron por el Paso Los Libertadores inmediatamente después del terremoto y fueron declarados como “ayuda humanitaria”. Por esa razón, no pagaron impuestos de internación. Pero los productos no fueron entregados gratuitamente a los damnificados. Fueron vendidos a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) para su distribución, a pesar de que por estar caratulados como “ayuda humanitaria” no podían ser comercializados.

La situación irregular fue descubierta por funcionarios de la Contraloría, quienes detectaron en las bodegas de Onemi mercadería que fue comprada a Cencosud, en circunstancias que había sido declarada como “ayuda humanitaria”. El hallazgo quedó registrado en el informe final Nº 150 de auditoría a Onemi, evacuado por la Contraloría General de la República el 15 de diciembre de 2010.

Para conocer los detalles de esta internación irregular, el 4 de febrero de 2011 CIPER dirigió al Ministerio de Hacienda una solicitud de acceso a información pública en la que solicitó:

- Las investigaciones, sumarios, denuncias, cobranzas y multas eventualmente realizadas o aplicadas por el Servicio Nacional de Aduanas o el Servicio de Impuestos Internos a la empresa Cencosud S.A. por mercadería ingresada al territorio nacional a través de camiones como ayuda humanitaria, con ocasión del terremoto del 27 de febrero de 2010, pero finalmente comercializada en el territorio nacional (informe 150/2010 de la CGR).

-Los documentos que obren en poder del Servicio Nacional de Aduanas o el SII, respecto de la cantidad de productos ingresados de esta manera por Cencosud S.A., la cantidad de camiones utilizados para su transporte hacia Chile, el destino de esos camiones, las fechas en que ingresaron esos camiones, la fecha en que Cencosud S.A. pagó efectivamente los derechos de internación y si pagó alguna multa, indicando el monto de la misma y sus fundamentos. Asimismo, en el caso de que el Servicio Nacional de aduanas o el SII no hayan denunciado estos hechos a un organismo judicial o policial, solicito los documentos que expliciten las razones de tal determinación.

El 9 de marzo, Hacienda derivó la solicitud a Aduanas y al Servicio de Impuesto Internos (SII). El plazo de respuesta establecido por la Ley de Transparencia expiró este jueves 7 de abril. El SII no entregó respuesta alguna. Aduanas, por su parte, envió a CIPER la Resolución Exenta 1707 fechada el 6 de abril y firmada por el director nacional de Aduanas, Gonzalo Sepúlveda Campos.

En la resolución de Sepúlveda se entregan dos argumentos para denegar el acceso a los documentos. En su considerando número 6, indica que, haciendo uso de su derecho a oponerse a dicha entrega como tercero involucrado en los documentos que se piden, Cencosud manifestó su rechazo y bloqueó la entrega de los papeles:

“6. Que efectuado el procedimiento de notificación a terceros, establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia (…), Cencosud ha ejercido su derecho de oposición dentro del plazo”.

No obstante, la Ley de Transparencia indica que la oposición de terceros afectados “requerirá expresión de causa”. Pero la respuesta de Aduanas no incluyó los argumentos de Cencosud, única forma de establecer si sus razones se encuadran dentro de las que acepta la norma.

El segundo argumento de Aduanas para denegar el acceso a los documentos, indica que aún está en marcha en ese servicio un proceso de fiscalización referido a esta internación irregular de mercaderías realizada por Cencosud:

“7. Que la materia sobre la cual se solicita información, es actualmente objeto de fiscalización por el Servicio Nacional de Aduanas, sin que hasta la fecha haya culminado. Además, actualmente se encuentra en curso un proceso administrativo, en la aduana de Los Andes, para los efectos del ejercicio por parte de Cencosud del beneficio de renuncia de la acción penal, establecido en el artículo 189, de la Ordenanza de Aduanas”.

En relación a este segundo argumento, cabe recordar que el 7 de enero de 2011, debido a las primeras publicaciones de prensa que informaron sobre la sospecha de contrabando que recaía sobre Cencosud, el mismo director nacional de Aduanas, Gonzalo Sepúlveda, envió una carta a los diarios El Mercurio de ValparaísoLa Tercera, en la que informó: “Entre abril y agosto de 2010, Aduanas fiscalizó este tipo de embarques, comprobando que, en el caso de las mercancías ingresadas por Cencosud, éstas no contaban con los certificados de la Onemi, por lo que se procedió a cobrar los aranceles e impuestos, los que fueron cancelados entre el 9 y el 29 de septiembre de 2010, quedando la empresa con su situación tributaria al día”.

Si al 7 de enero de 2011 el director de Aduanas garantizó a la opinión pública que Cencosud tiene“su situación tributaria al día”, ¿cómo es posible que tres meses después el mismo funcionario argumente que esta situación aún es objeto de fiscalización y que está en curso un proceso administrativo para beneficiar a la empresa con la renuncia a las acciones en tribunales?

¿Pago atrasado o juicio?

El hecho de que Aduanas haya aceptado beneficiar a Cencosud renunciando a toda acción penal por la internación irregular de mercaderías, ha provocado polémica al interior de ese mismo servicio y también en el Ministerio de Hacienda.

De hecho, el 29 de marzo de 2011 Hacienda decidió intervenir la administración de Aduanas nombrando como “secretario general” de la dirección de ese servicio al abogado Rodrigo González Holmes. El diario La Segunda de ese día presentó al flamante nominado como experto en gestión tributaria, profesor de Derecho Aduanero e instructor certificado de la Organización de Estados Americanos (OEA) en prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.

El vespertino, además, atribuyó la designación a “graves problemas de gestión” detectados en Aduanas, mencionado entre estos problemas “la internación por parte de Cencosud, de alimentos con rebajas tributarias, calificados como ayuda humanitaria por el terremoto, que una auditoría de la Contraloría detectó que fueron vendidos a Onemi”.

La decisión de Hacienda fue gatillada después de las quejas que internamente manifestó la Asociación de Funcionarios de Aduanas (Anfach). Los reparos de la agrupación se hicieron públicos el 30 de marzo, en un comunicado donde denunció que la autoridad de ese servicio había resuelto no comunicar la irregularidad al Ministerio Público para iniciar las acciones penales correspondientes, optando por ofrecer a Cencosud la posibilidad de acogerse al beneficio de pagar con retraso los tributos:

- (El directorio de Anfach) rechaza absolutamente tan particular solución, puesto que insiste en dar un trato preferencial e ilegal al consignatario que cometió el ilícito de CONTRABANDO, vulnerando arbitrariamente las disposiciones legales vigentes. (Las mayúsculas son del comunicado original de la asociación).

-Es la primera vez que veo que no se hace una denuncia ante una situación de esta naturaleza y llevo 39 años en Aduanas – afirmó a CIPER, el vicepresidente de Anfach, Daniel Vergara.

El 10 de enero de 2011, a través de su oficio 005, la Anfach solicitó información al director nacional de Aduanas respecto a si se elevó la denuncia al Ministerio Público y cuestionó que se beneficiara a Cencosud mediante el artículo de la Ordenanza de Aduanas que permite el pago retrasado de los tributos.

-Lo primero es establecer si hubo dolo, si hubo intención de defraudar, sobre todo por la situación sensible que se vivía por el terremoto. Para solicitar acogerse al artículo 189 de la Ordenanza de Aduanas tiene que haber sido notificado el delito de contrabando impropio, previa denuncia del director nacional al Ministerio Público. Si no existe esa denuncia, no se puede solicitar el beneficio –indica Daniel Vergara.

El diputado Aldo Cornejo (DC, Valparaíso) ha señalado que Aduanas está dando un trato preferencial a Cencosud, pues en otros casos similares ocurridos con ocasión del terremoto, sí se efectuó la denuncia. De acuerdo con una publicación del diario digital Cambio 21, Cornejo envió al Presidente Sebastián Piñera un oficio pidiéndole información sobre lo acontecido con los camiones internados por Cencosud, pero la respuesta no se recibió en el plazo de 30 días que establece la Constitución:

-Aún se encuentra pendiente la respuesta del Presidente al oficio que le enviamos (…). La empresa obtuvo beneficios aduaneros que no le correspondían y cuando Aduanas detectó dicha irregularidad sólo pidió que se hiciera el pago de los derechos no cancelados y no se querelló contra Cencosud, como sí lo hizo contra otras personas que realizaron la misma irregularidad tras el terremoto- dijo Cornejo a Cambio 21 el 29 de marzo pasado.

A juicio del dirigente de Anfach, Daniel Vergara, la situación es aún más compleja, porque para aplicar el beneficio del pago de los derechos adeudados y evitar la acción penal, es necesario establecer claramente qué contenían los camiones y el valor de esas mercaderías. Sólo así se puede determinar cuánto debe pagar de impuestos y eventuales multas la empresa. La Anfach asegura que esa instancia no se habría cumplido.

Según la carta que envió el director nacional de Aduanas a la prensa en enero pasado, Cencosud canceló entre el 9 y el 29 de septiembre de 2010, todos los aranceles e impuestos.

El diario electrónico El Dínamo, informó (el 3 de abril último) que ese pago fue de $561 millones, correspondientes a 182 camiones -aunque en ese cálculo falta un camión de los 183 que originalmente Cencosud ingresó-, citando un informe que Aduanas le habría entregado a la Contraloría el 12 de enero. Vergara subraya que esa cifra no necesariamente corresponde al valor de las mercaderías ingresadas, pues Aduanas no ha podido certificar qué contenían los camiones:

-Lo que haya pagado Cencosud es una cifra muy relativa, ya que no se fijó cuánto era el valor aduanero de lo ingresado. Para establecer eso, debería haber habido una investigación, cosa que no se ha hecho.

El dirigente confirmó a CIPER que la Anfach está reuniendo los antecedentes para iniciar una acción judicial contra quienes resulten responsables de eventuales ilícitos cometidos en esta internación irregular. De acuerdo con la ley, todo funcionario público que toma conocimiento de un delito está obligado a denunciarlo.

CIPER presentará una apelación al Consejo para la Transparencia a fin de obtener los documentos que Aduanas y Cencosud han denegado.

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